Colau ordena a la policía que proteja a los okupas de desahucios extrajudiciales

El Gobierno de Barcelona, encabezado por Ada Colau y el PSC, ha anunciado la creación de un protocolo destinado a la policía local para proteger a los okupas de propietarios de viviendas okupadas y/o de empresas dedicadas a desahuciar extrajudicialmente. Colau se posiciona, de este modo, del lado de los okupas, según ha publicado el diario El Mundo.

A partir de ahora, según el <> firmado por el jefe de la Guardia Urbana de Barcelona y remitido a los mandos del cuerpo el día 28 de febrero, serán las patrullas de la policía local de Barcelona las encargadas de tomar decisiones en este sentido, y no los servicios legales del Ayuntamiento como pasaba antes. Este protocolo indica que Guardia Urbana deberá “comprobar que las personas desalojadas lo están siendo en contra de su voluntad por cualquier medio o procedimiento al margen de un procedimiento legal y ajustado a derecho, como por ejemplo coacciones”.

Una vez que lo agentes cacen “in fraganti” a los “desalojadores”, procederán a “evitar cualquier tipo de desalojo, cierre de puertas o cambio de cerraduras”.

El documento indica a la policía que deben averiguar si en el intento de desalojo se han “utilizado amenazas o coacciones”, además de pedirles que identifiquen a las personas implicadas y “escuchen sus versiones”.

Este es un paso más en la ofensiva que el Ayuntamiento de Barcelona activó el año pasado contra empresas como “Desokupa”, que suelen actuar si bien no al margen de la ley, sí aprovechando vacíos legales para desahuciar.

Siguiendo la vía legal, para desahuciar a este tipo de okupas, habría que recurrir a un proceso de desahucio por precario, un procedimiento más lento y largo que el desahucio express. Se considera situación de “precario”, explica BPM Abogados, cuando:

1. el inmueble está en posesión de una persona que carece de contrato que le permita residir allí. Esta situación es conocida como ocupación no consentida o “movimiento okupa”.
2. El dueño ha permitido a una tercera persona residir en el inmueble sin pagar una renta por ello y sin fijar una duración determinada. A esta situación se le llama “precario puro”.

El tiempo necesario desahuciar por la vía judicial depende de la saturación del juzgado de cada ciudad. De media, se suele tardar entre 7 y 8 meses. En Cataluña, los juzgados más rápidos son los de las cuatro capitales de provincia.