Un hombre divorciado deberá pagar una indemnización de 30.000 euros a su ya exesposa por el trabajo no remunerado que la mujer realizó durante diez años en el negocio familiar. La sentencia de divorcio, dictada por el juzgado de familia número tres de Palma, argumenta que la mujer tiene derecho a recibir un importe de compensación por su contribución durante más de una década a la economía familiar, ya que, aparte de trabajar en el negocio familiar, también se ocupaba de las tareas del hogar.
La exmujer, además, recibirá 500 euros mensuales durante los próximos dos años ya que, dice la sentencia, sólo ha trabajado en el negocio familiar, una pizzería italiana, y tiene muy complicado encontrar una nueva ocupación, algo que además complica su edad.
El fallo indica que el negocio familiar, únicamente a nombre del exmarido, proporcionó a éste el dinero necesario para comprar un chalé, que acabó de pagar gracias a una hipoteca. Por lo tanto, considera la magistrada Esther María Domene Riego, en este caso particular se ha producido un empobrecimiento injustificado de la mujer y un enriquecimiento paralelo del marido. “El demandado, con la colaboración de su esposa en el negocio de la pizzería, ha podido ir aumentando su patrimonio por cuanto durante el tiempo de la convivencia ha ido abonando la hipoteca del chalé que tiene en su exclusividad propiedad”. Sin embargo, dice la sentencia, la exmujer, “al haber dedicado su tiempo principalmente a trabajar en la pizzería de su exmarido, no ha podido procurarse un medio de vida que le reporte ingresos suficientes para mantenerse una vez que ha cesado la convivencia”.
El hasta ahora matrimonio se casó en el año 2010 y se separaron en 2014 sin hijos, pero la sentencia da por acreditado que antes de la boda hubo una convivencia de seis años.
Una sentencia de este tipo no es nada habitual en los juzgados de familia, donde, sin embargo, sí es común ordenar pensiones mensuales para excónyuges o exparejas que salgan perjudicadas tras el divorcio.
Aunque la indemnización establecida es de 30.000 euros, la demandante pedía una suma mayor, proporcional al salario que no había percibido durante la última década. Sin embargo, la jueza considera que el hasta ahora matrimonio vivía del negocio familiar y la mujer no tuvo que pagarse sus gastos durante una década.
La sentencia, que todavía puede ser recurrida ante la Audiencia, ha dispuesto el divorcio del matrimonio.