Sanción del 25% para los pagos en efectivo de más de 1.000 euros
El próximo 1 de enero, como fecha más probable, entrará en vigor la prohibición de pagar en efectivo más de 1.000 euros que anunció, hace poco más de una semana, Cristóbal Montoro, ministro de Hacienda y Función Pública, a las otras fuerzas políticas en el marco de las negociaciones para elaborar los Presupuestos Generales del Estado para 2017. El decreto ley que se aprobará en próximos Consejos de Ministros, hará efectiva la reducción de 2.500 euros, como cantidad máxima que se podía abonar en efectivo hasta ahora, a 1.000.
El objetivo del Gobierno es acabar, o al menos conseguir limitar, el fraude en el pago del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA). Todavía en fase de negociación, no está muy claro aún si esta reducción se aplicará sólo a operaciones comerciales en las que intervenga al menos una empresa, tal y como se hace ahora en virtud de la ley aprobada en octubre de 2012, o si, por el contrario, se ampliará a todo tipo de pagos. Si esto último se confirmara, esta reducción de pago máximo en efectivo afectaría también a las transacciones entre particulares.
Posible sanción por pagar más de 1.000 euros en efectivo
La Ley aprobada en octubre de 2012 ya contempla como infracción “el incumplimiento de las limitaciones a los pagos en efectivo”. Añade, además, que “la sanción consistirá en multa pecuniaria proporcional del 25% de la base de la sanción”. Por lo tanto, aquellos que paguen en efectivo un importe superior a 1.000 euros afrontarán una multa por un importe del 25% de lo abonado.
La Ley de 2012 indica que “serán sujetos infractores tanto las personas o entidades que paguen como las que reciban o incumplan la limitación indicada”. Así, “tanto el pagador como el receptor responderán de forma solidaria de la infracción que se cometa y de la sanción que se imponga”.
Por lo tanto, y probablemente con el mismo objetivo que en el año 2012, el Gobierno trata, con esta medida, el de incentivar la denuncia, disuadir a los defraudadores del IVA, recaudar más por el impuesto mencionado y luchar contra la economía sumergida. Según datos del Círculo de Empresarios, la economía sumergida todavía asciende a más del 18% del Producto Interior Bruto (PIB), algo que supone una gran rémora en la economía española. La cifra española es mucho más elevada que la de potencias económicas europeas como Francia y Alemania, con un 9,9% y un 13% respectivamente.
