Hace poco más de una semana que el Gobierno anunció la puesta en marcha de un mecanismo de mediación para proceder a cumplir la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y lograr que los bancos devolviesen lo cobrado de forma abusiva por las cláusulas suelo de las hipotecas. Hoy, Bankia ha anunciado que abre un proceso exprés para abonar a los clientes afectados lo cobrado, con retroactividad, por las cláusulas suelo de sus hipotecas. La devolución, según han explicado, podrá ser en efectivo, con un ingreso en cuenta inmediato al que se sumarían los intereses, o amortizando capital pendiente de la hipoteca.
Los afectados podrán reclamar las devoluciones mediante una plantilla que pondrá a su disposición esta entidad bancaria. Los clientes únicamente deberán acudir a su sucursal de Bankia para pedir el abono de las cantidades cobradas desde que dejaron de beneficiarse de las caídas del Euríbor.
El procedimiento exprés puesto en marcha por la entidad será sencillo. Una vez presentada la solicitud del cliente, el banco comprobará que el solicitante sea afectado, calcularán el importe a devolver, lo pagado más intereses, y le ofrecerá la forma de devolución. La cantidad de dinero ofrecido será de la misma cuantía que conseguiría el cliente con un fallo judicial favorable, pero sin gastos extra ni demoras.
Muchas entidades no están de acuerdo con la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y han evitado, especialmente, inclinarse por la devolución en efectivo. Bankia es pionera en este tipo de devolución.
Durante los próximos días, la entidad enviará una comunicación a sus clientes informándoles de la apertura de este proceso exprés y, a partir del próximo viernes, 3 de febrero, la página web corporativa de Bankia ofrecerá toda la información sobre este procedimiento.
Con este procedimiento Bankia cumplirá con la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que el pasado diciembre se pronunció en contra de las cláusulas suelo, que consideró abusivas. Esta sentencia contradecía así a lo dictado por el Tribunal Supremo español en 2013, que, aunque sí consideraba abusivas este tipo de cláusulas, no se inclinaba por la retroactividad en la devolución y limitó el tiempo de las compensaciones. Se calcula que hay 1,5 millones de personas afectadas en España. Este proceso, puesto en marcha por el Gobierno, pretende evitar un colapso de la justicia y alargar un proceso en el tiempo que debería ser sencillo.




