Planificación de vacaciones con padres separados

Queda poco más de un mes para las largas vacaciones escolares. A medida que se acercan estas fechas, lo normal es que los progenitores quieran saber cuántos días les toca con sus hijos y en qué periodo, para tratar de adaptar sus propias vacaciones o contratar algún tipo de servicio de casal o campamento. Bien sea por elegir período vacacional o por no estar de acuerdo con el tiempo que le tocan los niños a cada uno, es frecuente que este tema sea fuente de conflicto.

Lo ideal en estos casos para evitar cualquier tipo de conflicto es tener un buen Convenio Regulador que se adapte a las particularidades de cada familia. No obstante, por norma general, el régimen vacacional se suele dividir en periodos alternos, con independencia del modelo de guarda y custodia. Así, se dividirían las vacaciones por quincenas. Además, a falta de acuerdo, cada año le correspondería a uno de los progenitores escoger el periodo.

En caso de que a una de las partes no le fuera bien el periodo vacacional establecido, cabe la posibilidad de que los dos progenitores lleguen a un acuerdo para cambiarlo.

Este tipo de medidas paternofiliales establecidas en el convenio regulador son de obligado cumplimiento. En caso de incumplimiento, se podría iniciar un procedimiento de ejecución forzosa, que podría dar lugar a multas coercitivas en caso de incumplimiento reiterado y grave.

En cuanto a las obligaciones, en caso de que los desplazamientos se produzcan dentro del país, será suficiente con que los progenitores se informen entre ellos y comuniquen la dirección exacta donde los niños pasarán ese período. Si hablamos de viajes fuera de España, se dará exactamente la misma circunstancia.

No obstante, en caso de que el convenio no hable de este tema, podría exigirse la autorización de ambos progenitores para realizar el viaje. En caso de no ponerse de acuerdo, será necesaria la autorización judicial.

Cuando exista oposición de uno de los progenitores en cuanto a ese viaje al extranjero, podrá interponerse un procedimiento de jurisdicción voluntaria, en el que también cabe solicitar la potestad para solicitar, en su caso, la expedición del pasaporte o DNI de los menores.

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